San Diego, 18 Jul (Notimex).- La Corte Federal en San Diego delibera simultáneamente tres casos de agentes fronterizos que dejaban pasar a cientos de indocumentados por sobornos y que habrían provocado con golpes y armas paralizantes la muerte de un mexicano.
En una situación sin precedentes, el tribunal debate a petición de 16 legisladores federales la muerte del mexicano Anastasio Hernández.
Así como los casos de dos hermanos exportavoces de la patrulla fronteriza que traficaban indocumentados y de un inspector que cobraba hasta 15 mil dólares a cada migrante que cruzaba la frontera.
Los hermanos Raúl y Fidel Villarreal eran voceros de la patrulla fronteriza para medios de comunicación en español y el primero de ellos fue incluso “la imagen internacional” de su corporación.
Raúl Villarreal grababa y filmaba mensajes en español, sobre riesgos mortales que corren quienes cruzan la frontera, y que la patrulla distribuía como servicio social entre medios electrónicos en México y Centroamérica.
Al saber que se les investigaba por tráfico de cientos de indocumentados, los Villarreal desertaron y se escondieron en México en 2006, pero fueron encontrados en Tijuana y entregados a Estados Unidos en octubre de 2008.
En tanto, un inspector de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Héctor Rodríguez, fue detenido el fin de semana.
Rodríguez enfrenta cargos por permitir pasar por la puerta de la garita a su resguardo vehículos con indocumentados a quienes cobraba entre diez mil y 15 mil dólares per persona por “cruce garantizado” de la frontera.
Las autoridades detuvieron también a dos cómplices de Rodríguez y descubrieron que el inspector aduanal disfrutaba de lujos costosos con el dinero que obtenía por corrupción.
Un gran jurado federal por su parte revisa la muerte de Anastasio Hernández Rojas, que el médico forense de San Diego determinó como homicidio en 2010.
Mientras organizaciones nacionales promovían decenas de miles de mensajes para demandar juicio a los responsables, la madre de Anastasio Hernández, Luz Rojas, se entrevistó el pasado Día de las Madres con legisladores en Washington con quienes compartió evidencias filmadas de la muerte de su hijo.
En uno de los videos se aprecia a por lo menos una docena de agentes que innecesariamente golpean y aplican repetidas descargas eléctricas paralizantes al cuerpo de Hernández quien ya había muerto cerebralmente por le castigo.
Christian Ramírez, el director de la Coalición de Comunidades Fronterizas, opinó que esos y otros casos se deben a que las agencias de control fronterizo “han crecido desmesuradamente y sin control por necesidades políticas, que insisten en resolver el problema migratorio controlando la frontera”.
En los últimos dos años han perdido la vida a 14 personas desarmadas en manos de agentes fronterizos que les dispararon.
En la mayoría de los casos con el argumento de que las víctimas les arrojaban piedras, aún cuando los impactos de balas hayan sido por la espalda a personas que ocupaban ambas manos para trepar el cerco metálico.
Ramírez calculó que hay unos 55 mil agentes fronterizos a lo largo de los límites con México -22 mil patrulleros y 33 mil inspectores y persona administrativo de la agencia a la que pertenece la patrulla, la CBP.
“Es la agencia más numerosa en Estados Unidos, crecida por decisiones políticas, que no reflejan la realidad ni necesidades de las comunidades en la frontera, y esas son la consecuencias: aumento de violaciones a los derechos de las personas y casos de corrupción”, dijo Ramírez.
El flujo migratorio alcanzó en la primavera su nivel más bajo en medio siglo, y la CBP informó que por lo tanto cambiaría sus prioridades a la vigilancia antiterrorista, cuando ni un sólo sospechoso ha sido detenido en la frontera con México.
La patrulla fronteriza informó la semana pasada que de hecho calusurará nueve puestos en los estados fronterizos para aumentar personal a la frontera.
